Horacio Marín, presidente y CEO de YPF REUTERS/Agustín Marcarian
Un estremecedor error judicial salió a la luz tras la exhaustiva investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos que constataron la inocencia de un ciudadano venezolano condenado a más de dos décadas de cárcel.
Según los informes periciales recabados, el verdadero autor de los delitos juzgados había utilizado de manera fraudulenta los documentos de identidad de su propio hermano durante su detención inicial, eludiendo la acción de la justicia.
El afectado pasó años privado de su libertad sin que se cotejaran oportunamente sus registros dactilares biométricos ni se admitieran las pruebas de coartada presentadas por la defensa que demostraban que se encontraba en otra localidad en la fecha de los hechos.
Abogados especializados en litigio internacional han interpuesto un recurso extraordinario de revisión ante el máximo tribunal para ordenar la inmediata anulación de la condena y el resarcimiento integral correspondiente.
El caso ha reavivado las críticas de la opinión pública respecto a la fragilidad de los sistemas de verificación de identidad procesales en los expedientes penales y la urgencia de reformas garantistas.